Abstract

En esta investigación se analizó qué implicaciones tiene la observancia del principio de protección de la intimidad aplicada a los casos de violencia digital en personas en condición de movilidad humana. Para ello, se utilizó una investigación del tipo documental normativo de lo previsto en el Código Orgánico Administrativo (COA) del año 2017 y su pertinencia con las políticas migratorias del Estado ecuatoriano en cuanto al ejercicio y protección de datos a través de los derechos digitales de los migrantes a partir del análisis de la Ley de Violencia Digital en Ecuador. En este contexto, como resultados de la investigación, se advierte la existencia de distintas formas de discriminación, acoso, explotación y abuso provocadas mediante el uso de los datos de migrantes en las redes sociales, que producen múltiples consecuencias negativas a nivel físico, psicológico, sexual y económico en los derechos de las personas en condición de movilidad humana. Asimismo, se evidencia que la violencia digital se presenta en contextos de relaciones desiguales afectando a mujeres, adultos mayores, niños, niñas y adolescentes en movilidad humana, y mostrando la necesidad de adecuar las políticas locales al enfoque de derechos que se ordenan en la Constitución del Ecuador y la inobservancia del principio de protección de la intimidad como un mandato de optimizar e interpretar esta problemática en cuanto a la tutela de los derechos. [In this study, the implications of observing the principle of privacy protection in cases of digital violence affecting individuals in situations of human mobility were analyzed. To this end, a normative documentary investigation was conducted based on the provisions of the Organic Administrative Code (COA) of 2017 and its relevance to Ecuadorian state migration policies regarding the exercise and protection of data through the digital rights of migrants, as analyzed under Ecuador's digital violence law. In this context, the research results highlight the existence of various forms of discrimination, harassment, exploitation, and abuse facilitated by the use of migrants' data on social media. These practices lead to multiple negative consequences—physical, psychological, sexual, and economic—for the rights of individuals in situations of human mobility. Furthermore, it was evidenced that digital violence occurs in contexts of unequal relationships, disproportionately affecting women, older adults, children, and adolescents in mobility. This underscores the need to adapt local policies to the rights-based approach mandated by the Ecuadorian Constitution and address the noncompliance with the principle of privacy protection as a directive to optimize and interpret this issue in the context of safeguarding rights].